De autoría del senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), el texto cambia la interpretación brasileña relacionada al tratamiento dado a las personas de otros países que quieran vivir en Brasil, con el cambio del término “extranjero”, en vigor desde la época de la dictadura militar, para “emigrante”.
“La materia pasa a ser insertada en el contexto de la protección internacional de los derechos humanos mediante la incorporación de los tres principios generales de derechos humanos: interdependencia, universalidad e indivisibilidad”, dice tramo del informe del senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), aprobado por la comisión.
El proyecto de ley garantiza a los inmigrantes condición de igualdad con los nacionales, prevé la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, además de garantizar los derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicos así como el derecho a la libertad de circulación en el territorio nacional.
El proyecto que instituyó la nueva Ley de Migración regula la entrada y estada de extranjeros en Brasil, estableciendo normas de protección al migrante. El texto define “inmigrante” como siendo toda persona, nacional de otro país o apátrida, que transite, trabaje o resida y se establezca temporal o definitivamente en Brasil, excluyendo el turista.
En consonancia con el proyecto, la nueva ley visa aún la promoción de la entrada regular y de la regularización documental, acogida humanitaria, desarrollo económico, turístico, social, cultural, deportivo, científico y tecnológico de Brasil y la garantía del derecho a la reunión familiar, además de la igualdad de tratamiento y de oportunidad a los migrantes y sus familiares
Los emigrantes tendrán acceso igualitario y libre a los servicios, programas y beneficios sociales, bienes públicos, educación, asistencia jurídica integral pública, trabajo, vivienda, servicio bancario y seguridad social.El proyecto de ley establece la protección integral y defensa de los intereses de los niños y adolescentes emigrantes, respeto a dispositivos de convenciones, tratados y acuerdos internacionales, protección de los brasileños en el exterior, promoción del reconocimiento académico y del ejercicio profesional en Brasil y repudio la prácticas de expulsion o deportación colectivas.
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